Impuesto Sociedades y Cuentas Anuales: ¿La última aplicación de la simplificación administrativa?

La reducción del coste de tramitación para las empresas y ciudadanos derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones públicas, se ha presentado a lo largo de los últimos años como una prioridad para los gobiernos de la Unión Europea y de los países de la OCDE, con el fin de mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. 

Las iniciativas en el ámbito de la Comisión Europea han tenido su reflejo a nivel nacional en la aprobación de distintas normas que han tenido una gran repercusión en las Administraciones públicas y, por ende, en el sector privado. Como ejemplos más ilustrativos nos encontramos con: 

• La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
• La Ley de Contratos del  Sector Público, o 
• El Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, consecuencia de la transposición de la directiva relativa a los servicios en el mercado interior –Directiva de Servicios–. 
• Además, el Gobierno acordó el pasado mes de junio la centralización de las acciones de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación en aquellos procedimientos que permitan liberar recursos para la inversión y el crecimiento a las empresas existentes, especialmente las pymes, aquellos que faciliten la tramitación de creación y disolución de empresas, agilizando y abaratando los procesos y los costes asociados, y los que fomenten la inversión productiva, impulsando el desarrollo de la actividad empresarial y la diversificación de las empresas a nuevos sectores o nuevos ámbitos geográficos.

En estas fechas que la Administración Tributaria está terminando el nuevo modelo de la declaración del impuesto de sociedades (modelo 200) correspondiente al ejercicio 2008.

¿Seguirá la Administración con el proceso de simplificación de las tareas administrativas? facilitando un modelo que aproveche y optimice la información de las cuentas anuales que se depositan en el Registro Mercantil, evitando que la misma información se exija por canales y formatos diferentes, con el consecuente coste administrativo.

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